Por el equipo de la Red Nacional de Mujeres Colombia
La Ley 1257 sancionada en Colombia en 2008 reconoce que las violencias contra las mujeres pueden ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado, y que comprenden agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y patrimoniales motivadas por el hecho de ser mujer. Asimismo, establece la obligación del Estado de actuar de manera integral mediante acciones de prevención, atención, protección, acceso a la justicia y sanción, con el propósito de garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencias.
Sin embargo, contar con una legislación robusta no siempre garantiza, por sí solo, el ejercicio pleno de estos derechos.
Con el propósito de evaluar los avances y desafíos en la implementación de esta Ley, la Red Nacional de Mujeres realizó un informe de seguimiento y análisis que examina su cumplimiento desde su expedición, en el año 2008, hasta el 2024. El estudio analizó el cumplimiento de las obligaciones del Estado por parte de los sectores responsables de ejecutarla, revisó las decisiones de la Corte Constitucional y recopiló información suministrada por distintas entidades públicas. Asimismo, incorporó los aportes de mujeres expertas en la prevención y atención de las violencias contra las mujeres.
Los resultados muestran que la implementación de la Ley 1257 ha sido lenta e insuficiente frente a la persistencia y magnitud de las violencias contra las mujeres en el país. Uno de los principales retos identificados corresponde justamente al sector justicia, donde persisten altos niveles de impunidad, especialmente en delitos como el acoso sexual, cuyas cifras son superiores al 90%. El informe también evidencia que muchas medidas de protección continúan siendo limitadas o ineficaces, dejando sin respuestas oportunas a mujeres que enfrentan situaciones de riesgo fuera del ámbito familiar.
Asimismo, el análisis identifica importantes desafíos en sectores como salud y educación, donde la incorporación del enfoque de género sigue siendo insuficiente. A esto se suman la escasa articulación entre las instituciones responsables, las dificultades para evaluar el impacto de las políticas públicas y las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a servicios de orientación, protección y asistencia jurídica, especialmente aquellas que viven en zonas rurales, pertenecen a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, cuentan con alguna condición de discapacidad o enfrentan otras condiciones de discriminación.
Aunque el informe reconoce algunos avances, también advierte que muchas de las acciones desarrolladas por el Estado aún no logran traducirse en transformaciones concretas para garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias. Por eso, plantea algunas recomendaciones para su efectiva implementación, entre ellas se destaca la necesidad de fortalecer la articulación institucional para la atención de casos de violencias basadas en género; garantizar recursos suficientes para su implementación integral; mejorar los sistemas de información para el seguimiento de los casos; incorporar de manera transversal el enfoque de género en todas las entidades responsables y avanzar hacia políticas públicas sostenibles que trasciendan los cambios de gobierno.
La experiencia colombiana demuestra que las conquistas legislativas representan un paso fundamental hacia el avance de los derechos de las mujeres, pero no son suficientes. Garantizar una vida libre de violencias requiere instituciones capaces de implementar las leyes de manera efectiva, respuestas oportunas para las víctimas y un compromiso permanente del Estado con la protección de los derechos de las mujeres.
Repensar las violencias también implica reconocer que transformar esta realidad exige mucho más que normas: requiere voluntad política, instituciones articuladas y acciones concretas que permitan que los derechos consagrados en la ley se conviertan en una realidad para todas las mujeres y niñas en Colombia.
