En estas tres décadas, la lucha de los movimientos feministas hizo que la violencia contra las mujeres dejara de ser un asunto privado y pasara a integrar la agenda pública global. La conquista de políticas públicas tuvo un costo: para que el Estado pudiera absorber la demanda sin verse amenazado en sus fundamentos, fue necesario desvincular la violencia del patriarcado como sistema de dominación y tratarla, en cambio, como un problema individual entre un agresor y una víctima.
Este proceso llevó a una simplificación del problema y a la despolitización de las alternativas para enfrentarlo. La violencia contra las mujeres terminó reducida a la violencia doméstica o familiar, a las relaciones abusivas o al “ciclo de la violencia” que se explica y se resuelve caso por caso. Al abandonarse la noción de patriarcado como estructura, se dejó de pensar la violencia en términos de relaciones sociales de poder desiguales entre grupos, y se perdió también la conexión con elementos centrales del feminismo, como cuerpo, sexualidad y autodeterminación. Son consecuencias de este proceso la persistencia de la violencia y la ampliación de las desigualdades entre las propias mujeres, porque negar su carácter estructural —anclado en la intersección entre patriarcado, racismo y capitalismo— le quita historicidad y capacidad de ser combatida de raíz.
Cuando la violencia se desconecta de su dimensión estructural, no todas las mujeres son tratadas de la misma forma frente al sistema de justicia y protección. El Estado continúa operando bajo una lógica que tutela a aquellas que juzga como “víctimas de verdad”, exigiéndoles no solo probar el daño sufrido, sino también comportarse de acuerdo con lo que se espera de una mujer en situación de violencia. Mujeres y niñas —sobre todo las que no son blancas ni heterosexuales— quedan sometidas a una “hermenéutica de la sospecha”: necesitan demostrar que no son responsables de la violencia que sufrieron.
Esta frontera invisible entre quién merece protección y quién es puesta bajo sospecha no es aleatoria. Las políticas diseñadas a partir del marco de Beijing no lograron dar cuenta de la realidad de las mujeres negras, pobres, indígenas, trans, rurales, con discapacidad o LGBTQIA+, y son justamente ellas las más victimizadas por las violencias hoy.
Este panorama se sitúa en un contexto regional cada vez más adverso. En los últimos años, la erosión democrática ha debilitado las instituciones en diferentes países de la región y ha llevado a la expansión de ideas y prácticas antidemocráticas. En este escenario, el rechazo a la igualdad de género se convirtió en plataforma común de gobiernos neoliberales y movimientos de extrema derecha, que activan mecanismos de redomesticación de las mujeres como forma de control y retoman también un discurso “antigénero” que funciona no como simple reacción cultural, sino como un verdadero proyecto político constituyente, con contenidos antiigualitarios y antidemocráticos.
A esto se suma la idea de “Estado mutante”: un Estado que perdió aún más su capacidad de mediar la conflictividad social y de decidir sobre asuntos centrales —entre ellos, las violencias contra las mujeres— al mismo tiempo en que sectores fundamentalistas y conservadores encuentran cada vez más espacio dentro de sus estructuras. Los movimientos feministas y las disidencias de género han sido permanentemente amenazados y perseguidos por estos sectores, muchas veces sin el respaldo pleno ni siquiera de sus propios aliados políticos.
Defender lo que fue conquistado o exigir una transformación de fondo no son tareas alternativas, sino inseparables: renunciar a una debilita a la otra. Por un lado, es necesario proteger las leyes, instituciones y políticas conquistadas en tres décadas de lucha frente a quienes buscan desmantelarlas. Por otro, treinta años de cambios en el Estado y en la sociedad no lograron impactar sustantivamente ni en la violencia contra las mujeres ni en sus causas estructurales, en parte porque las estrategias permanecieron ancladas en el punitivismo, y no en un cambio cultural profundo. Conformarse con lo ya conquistado no basta: es preciso enfrentar la lógica que produce las violencias, lo que exige cambios estructurales.
Esta contradicción no busca ser resuelta, sino habitada como parte de la práctica política feminista. Se trata de luchar hoy para garantizar la vida cotidiana de las mujeres —el acceso a la justicia, a la protección, a los derechos ya conquistados— sin perder de vista que la lucha feminista es, en última instancia, una lucha por transformar el mundo: por desmercantilizar, democratizar y descolonizar las relaciones sociales que sostienen las violencias. Esta tensión, entre lo urgente y lo estructural, entre defender y transformar, es una tensión que el movimiento feminista no puede permitirse abandonar, ni como práctica política ni como pensamiento crítico.
