Por Sofía Brito y Rocío Yubano, integrantes de La Morada, parte de la Articulación Feminista Marcosur (AFM)
En los once países de América Latina que componen la Articulación Feminista Marcosur (AFM), esta tarea ha sido abordada desde diversos modelos. Algunos concentran su respuesta en la sanción penal, tipificando el femicidio y elevando las penas. Otros ponen el acento en acompañar a las mujeres que atraviesan violencia, con casas de acogida, líneas de ayuda, patrocinio jurídico y atención psicológica. El modelo integral aspira a que todos los sectores del Estado (justicia, salud, educación, trabajo) funcionen de manera articulada, como un sistema y no como piezas sueltas. Y otros buscan actuar antes de que la violencia ocurra, apostando a la transformación de la cultura y a la educación desde temprano. En la práctica, ningún país usa uno solo; los modelos conviven, pero casi siempre hay uno que pesa más y define el carácter de la respuesta.
Si el modelo es lo que el Estado hace, el enfoque es desde dónde mira el problema, es decir, los lentes con que interpreta la violencia y decide a quién y cómo proteger. Por ejemplo, el enfoque de género es el lente que permite ver que esta violencia no es un hecho aislado ni un conflicto individual entre dos personas, sino la expresión de una desigualdad histórica de poder entre hombres y mujeres. El enfoque de interseccionalidad, siguiendo a Kimberlé Crenshaw, recuerda que no todas las mujeres viven la violencia del mismo modo: la clase, la raza, el territorio o la condición migrante multiplican las barreras y cambian por completo el acceso a la justicia y a la protección. Estos enfoques, en conjunto con otros como el de derechos humanos, de interculturalidad, de progresividad, comparten la misma función de obligar al Estado a no tratar como iguales situaciones que no lo son.
La distinción importa porque muestra dónde falla realmente la respuesta estatal. El problema, casi nunca, es la falta de leyes: la mayoría de los países consagra buenos enfoques y declara perseguir la integralidad en el papel. La dificultad aparece después, cuando los sectores que deberían coordinarse no se comunican, cuando los servicios no llegan, llegan tarde o llegan de manera inadecuada, cuando la arquitectura normativa crece hacia arriba mientras las capacidades para sostenerla se contraen.
Pero en estas décadas no solo nos hemos enfrentado a leyes que no se condicen con la práctica, sino también a normativas que se derogan y conceptos que van desapareciendo. Leyes integrales que omiten deliberadamente el término “género”, glosarios oficiales que prohíben nombrarlo en la educación, y su reemplazo por fórmulas centradas en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, que despojan a la violencia de su carácter estructural y la devuelven al terreno de lo natural o lo individual. Proyectos de ley que buscan criminalizar la denuncia por hechos de violencia de género y reponer categorías sin sustento científico para socavar el derecho de las mujeres y sus hijos e hijas a vivir una vida libre de violencias. Otro frente es el de las instituciones: ministerios y áreas de género que se degradan o directamente desaparecen, programas de atención y prevención que se dan de baja, presupuestos que se recortan hasta dejar sin sustento las políticas que costó décadas construir.
Frente al debilitamiento de derechos que parecían conquistados, hacer este ejercicio de cartografía es un modo de no ceder terreno. Las invitamos a recorrer este trabajo como un mapa de lo construido y, a la vez, de lo que permanece en disputa. Porque conocer los modelos y enfoques con que se ha respondido a las violencias es condición para sostenerlos donde protegen y transformarlos donde fallan.
